De acuerdo con la BBC, la fiscalía del condado de Tompkins en Nueva York reabrirá una investigación penal para llevar ante un gran jurado el caso de una presunta agresión sexual múltiple contra una estudiante en la Universidad de Cornell; la decisión ministerial derivó de una demanda civil interpuesta por la víctima tras dos años de inacción penal.
La demandante, identificada bajo el seudónimo de Jane Doe, denunció haber sido drogada con ketamina y violada por siete integrantes de la fraternidad Chi Phi durante una fiesta celebrada en octubre de 2024; la afectada sostuvo que su estado de intoxicación le impidió otorgar su consentimiento para cualquier acto de carácter sexual.
¿Qué argumentos presentó la fiscalía ante la inactividad previa del caso?
El fiscal Matthew Van Houten justificó la falta de cargos iniciales al señalar presuntas contradicciones entre la querella actual y la declaración jurada tomada por la policía universitaria en 2024; el funcionario afirmó que el testimonio original describió una participación consciente en el consumo de sustancias y relaciones de tipo consensuado.
Por su parte, la defensa legal de la víctima argumentó que el trauma psicológico e inmediato imposibilitó a la joven procesar la magnitud de la agresión durante los primeros cuestionamientos; la representación jurídica reprochó además la falta de diligencias básicas y entrevistas de seguimiento por parte de los investigadores estatales.
¿Cuál fue la postura asumida por las autoridades universitarias?
La Universidad de Cornell respaldó la intervención del gran jurado pero rechazó de forma categórica las acusaciones sobre un manejo negligente o complaciente de la agresión; las autoridades de la institución educativa negaron que los implicados hayan sido sancionados únicamente con la entrega de ensayos académicos.
La casa de estudios aseguró la aplicación de castigos severos dictaminados por un panel disciplinario, entre los que figuraron expulsiones definitivas y suspensiones temporales de los estudiantes involucrados; de forma paralela, la defensa de uno de los señalados negó cualquier tipo de contacto físico o suministro de drogas hacia la demandante.
¿Qué alcance mediático ha tomado la resolución de reabrir el expediente?
La reactivación del proceso penal generó indignación en la comunidad estudiantil de Estados Unidos y captó la atención de figuras públicas como la actriz Florence Pugh; la opinión pública mantiene su exigencia de esclarecer las responsabilidades tanto de los agresores como de las autoridades encargadas de impartir justicia.
