El gobierno de la presidente Keiko Fujimori (2026–2031) busca reactivar la economía mediante un plan denominado «Perú con Orden». Este plan incluye un «shock desregulatorio» y el destrabe de diversos proyectos paralizados. El país busca consolidar su posición como el tercer productor mundial de cobre ante el aumento de la demanda global, además de la puesta en marcha de diversos macroproyectos viales, agroindustriales, mineros, saneamiento, etc., bajo estabilidad jurídica.
Los lineamientos y metas económicas del gobierno en turno es la captación de hasta US$ 7,000 millones anuales en capital privado, la reducción del déficit fiscal al 1% del PIB hacia 2031, la digitalización del 80% de trámites empresariales mediante una ventanilla única y el respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva y los tratados de libre comercio con otros países.
Los sectores y proyectos de inversión prioritarios son diversos; En el rubro de bebidas y consumo masivo, la transnacional Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley anunciaron incrementar sus inversiones a US$ 1,000 millones para ampliar su capacidad industrial y logística, así como el compromiso de la ejecución de obras por impuestos en infraestructura y saneamiento urbano de agua potable y alcantarillado en zonas vulnerables del balneario de Pucusana por un valor de US$ 90 millones; Así mismo, Impulsar la ampliación y mejoramiento de 17 aeropuertos regionales concesionados y proyectos viales de gran envergadura y el destrabe de varios proyectos mineros y energéticos mediante cooperación internacional y certidumbre regulatoria.
La cartera de proyectos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), se alinea con el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 (PNI), priorizando 55 a 72 proyectos clave en el sector transportes por más de S/100 mil millones (dentro de un total de S/144,200 millones), optimización de puertos, aeropuertos y carreteras nacionales.
El cumplimiento de esta cartera busca responder a los objetivos del gobierno en materia de reactivación económica, buscando mantener la seguridad jurídica para consolidar al país como un destino predecible ante capitales extranjeros.
ProInversión maneja una cartera global que supera los US$ 40,000 millones en Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos; Los proyectos ferroviarios a ejecutarse son las líneas 3, 4, 5 y 6 ramales del metro de Lima, avances en obras subterráneas y sistemas electromecánicos para modernizar el transporte masivo de la capital; Los sistemas de metro regionales para estructurar e implementar sistemas de transporte rápido masivo en las ciudades de Arequipa, Piura y Trujillo, trenes de cercanías y desarrollo de las conexiones ferroviarias Lima–Ica y Lima–Barranca para conectar la capital con las regiones del norte y sur chico; El ferrocarril San Juan de Marcona–Andahuaylas, declarado de interés nacional, enfocado en logística minera y de pasajeros; El ferrocarril Huancavelica–Ica y Tren Puma, para integrar el centro y sur del país;
El ferrocarril Macusani–Desaguadero como proyecto estratégico en el sur andino.
En cuanto infraestructura vial se tiene previsto la ejecución de proyectos y megaproyectos como el Anillo Vial Periférico de Lima para interconectar los distritos de Lima y Callao; La Vía Expresa Santa Rosa para acceder al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez; La Nueva Carretera Central de conectividad transversal que demanda una inversión superior a los S/ 30,000 millones y la Longitudinal de la Sierra para asegurar la conectividad vial en las zonas andinas.
Los proyectos en saneamiento y salud son las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), para más de cinco regiones del país (destacando la PTAR Huancayo) con el fin de cerrar brechas de agua y salud pública; Así mismo, la gestión, operación y mantenimiento bajo esquemas de APP para el Instituto de Salud del Niño de San Borja y el diseño del nuevo Hospital Militar Central.
En cuanto a los proyectos aeroportuarios, se continuará con las obras de optimización y ampliación de las zonas comerciales y adyacentes del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el mejoramiento de pistas, torres y terminales de los aeropuertos regionales.
El nuevo gobierno estima una inversión de más de US$ 4,500 millones enfocados en mejorar puertos fluviales y marítimos en regiones como Loreto, Áncash, Callao, Ucayali y Arequipa, así como el Terminal Portuario de Chimbote, proyecto clave para repotenciar el transporte marítimo y logístico en el norte del país; Obras de expansión y modernización de muelles y sistemas de carga de los Terminales del Callao; Proyectos complementarios y de cabotaje en Paita, Matarani y San Martín para dinamizar la agroexportación y la minería.
El Proyecto de Inversión de la Vía o Tren Bioceánico Perú-Brasil se encuentra en una etapa crucial de planificación y pre-ejecución tecnológica. El megaproyecto estima un horizonte de desarrollo y estructuración entre los años 2026 y 2031. Su objetivo principal es conectar el océano Atlántico (Brasil) con el océano Pacífico (Perú) para reducir costos logísticos hacia Asia. El punto neurálgico de llegada en la costa peruana es el consolidado Megapuerto de Chancay.
La inversión estimada está en base a los US$ 3,500 millones para la reactivación de los tramos de conectividad regional, el financiamiento estará a cargo de la República Popular China y lideran los fondos de inversión a través de alianzas estratégicas; El Ministerio de Transportes de Brasil y la corporación China State Railway Group firmaron acuerdos de evaluación de costos y trazos técnicos de los estudios de viabilidad del proyecto.
La cartera de inversiones agroindustriales y de irrigación en el Perú para el periodo 2026-2031 supera los US$ 20,400 millones, impulsada conjuntamente por ProInversión y el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Plan Nacional de Infraestructura (PNI). El objetivo central es incorporar más de 1.3 millones de hectáreas agrícolas y expandir las agroexportaciones globales.
Esta categoría agrupa 14 megaproyectos clave gestionados por ProInversión para expandir las tierras de cultivo de alto valor comercial; Los proyectos en ejecución son Chavimochic III en La Libertad, destrabado para completar la Represa Palo Redondo, ampliando miles de hectáreas para arándanos y paltas; Majes Siguas II en Arequipa, proyecto estratégico del sur enfocado en optimizar el recurso hídrico regional; Chinecas en Áncash, diseñado para potenciar el desarrollo agroindustrial en la costa norte; Pampas de Villacurí y Lanchas en Ica, orientado a solucionar el estrés hídrico de las zonas agroexportadoras clave y las represas de Poechos en Piura y Olmos en Lambayeque, con nuevas concesiones y operadores transitorios para asegurar el riego.
Otros proyectos de gran importancia en evaluación técnica y financiera, estima una inversión de US$ 12,918 millones para ampliar el alcance hídrico del Trasvase Marañón, megaobra civil para derivar agua hacia las zonas agroindustriales costeras; Los proyecto Yuraqpacha, infraestructura hídrica estratégica para el centro y sur del país y Chancay-Lambayeque, sinergia hídrica diseñada para conectar la producción norteña con el nodo logístico de Chancay.
El sector público prioriza la eficiencia productiva de los recursos agrícolas existentes con el apoyo del Ministerio de Agricultura; Se estima una inversión de US$ 85 millones para modernizar estaciones experimentales y transferir tecnología agroindustrial en zonas altoandinas y la ejecución de más de 478 planes mediante Agroideas, apalancando la producción con valor agregado.
El Ministerio de Energía y Minas tiene mapeadas iniciativas clave que se espera que inicien construcción o aceleren su desarrollo durante el gobierno de Keiko Fujimori
La cartera de proyectos de inversión minera contempla 66 proyectos en 19 departamentos con una inversión conjunta de US$ 64,075 millones. De esta planificación oficial, las autoridades y gremios del sector articulan la puesta en marcha de 21 proyectos principales divididos en tres etapas operativas que abarcan el horizonte de los años 2026 al 2031 (Se extienden hasta el 2032).
En una primera etapa (2026), se estiman una inversión superior a los US$ 7,619 millones para activar y optimizar operaciones clave en las unidades mineras de San Gabriel en Moquegua, Romina en Lima, Cerro Verde en Arequipa, San Rafael en Puno, Raura en Huánuco, Colquijirca y Huarón en Pasco.
En la segunda etapa (2027 a 2029), los proyectos de gran envergadura se enfocarán principalmente en la extracción de cobre y metales preciosos para consolidar la competitividad nacional; las unidades mineras involucradas son Tía María, Zafranal y Pampa de Pongo en Arequipa, Mina Justa en Ica, Ilo y Los Calatos en Moquegua, Ferrobamba en Las Bambas – Apurímac, Coroccohuayco en Cusco, Corani en Puno y Huancapetí en Áncash.
En la tercera etapa (2030 a 2032), están consideradas los megaproyectos estructurales de maduración a largo plazo orientados a asegurar el suministro de minerales hacia el cierre de la década; Estas unidades mineras son Trapiche en
Apurímac, Los Chancas en Apurímac, Michiquillay y Coimolache Sulfuros (Cajamarca).
Para asegurar la continuidad del sector a mediano plazo, se impulsará una cartera dinámica de exploración minera que incluye inversiones en las unidades mineras de Michiquillay (US$ 26.2 millones en Cajamarca), Falchani (Proyecto de litio con US$ 15 millones en Puno), Elida (US$ 15 millones en Áncash), Colquemayo (US$ 13.5 millones en Moquegua), Cañón Florida (US$ 13.2 millones en Amazonas).
Para garantizar la viabilidad de estas inversiones, el gobierno de Fujimori implementará líneas de acción como Seguridad y Control Territorial para garantizar el derecho en las zonas de influencia minera frente a conflictos sociales y paralizaciones; Incentivos Tributarios para aplicar beneficios para las empresas que decidan reinvertir sus utilidades en territorio peruano; Redistribución de Regalías para fortalecer y optimizar la entrega de recursos del canon directo a las comunidades vecinas a los yacimientos; Enfrentar y Combatir la Minería Ilegal de manera transversal para formalizar el sector y proteger el medio ambiente; Promover el desarrollo de infraestructura hídrica para que la actividad conviva eficientemente con la agricultura local.
Al finalizar el gobierno de la presidente Keiko Fujimori, se deben haber cumplido los siete objetivos clave de su hoja de ruta y plan de gestión; Estas actividades son la Seguridad Ciudadana y Pacificación, Crecimiento Económico, Digitalización y Simplificación del Estado, Apoyo al Emprendimiento y Mypes, Infraestructura y Desarrollo Social, Institucionalidad y Relaciones Exteriores.
