WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lanzó ayer una de sus acciones financieras más amplias contra la estructura de Los Mayos, al sancionar a 21 personas y 25 empresas que identifica como dirigentes, operadores, lavadores de dinero, empresarios y facilitadores políticos del Cártel de Sinaloa, en Baja California. La ofensiva incluye a Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, a quien Washington considera actualmente jefe de esa facción.
El señalamiento más delicado se concentra en Mexicali. El Tesoro afirma que Los Rusos, subfacción de Los Mayos encabezada por Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, domina la plaza mediante violencia y corrupción de funcionarios estatales encargados, presuntamente, de proteger al grupo frente a acciones policiales.
En ese contexto sitúa a Carlos Torres, exesposo de la mandataria estatal, como un operador político relacionado con el cártel y aliado de El Ruso, que habría utilizado su influencia para facilitar actividades criminales y proteger al Cártel de Sinaloa frente a autoridades y corporaciones policiacas de Baja California.
El Departamento de Estado estadounidense le había revocado la visa desde mayo de 2025 por sus presuntos vínculos y actividades en favor de esa organización criminal.
La acusación estadounidense va más lejos. Señala que Pedro Ariel Mendivil García, quien encabezó la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, habría recibido sobornos de El Ruso a cambio de permitir al Cártel de Sinaloa ejercer control sobre elementos de la policía municipal, facilitar el narcotráfico y realizar operaciones de protección para la organización.
El Tesoro sostiene también que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales provenientes de Mendivil para permitir al grupo criminal operar con relativa impunidad en Baja California, mientras que Luis Alfonso Torres Torres habría sido responsable de recibir sobornos y lavar recursos ilícitos a través de empresas y campañas políticas.
Se trata de acusaciones formuladas oficialmente por el gobierno estadounidense y que deberán, en su caso, ser probadas ante tribunales. La designación de OFAC supone sanciones financieras, pero por sí misma no constituye una sentencia penal.
Otro de los señalados es Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal en Chihuahua y exasesor legislativo en Baja California. Washington asegura que utilizó contactos políticos en beneficio de José Ángel Rivera Zazueta, operador del Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos.
LOS 21 SEÑALADOS
La acción de la OFAC comprende, entre nuevas designaciones y redesignaciones relacionadas con esta estructura, a:
Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”; Hildegardo Gastélum García, “Aldo”; Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”; Francisco Javier Mendoza Uriarte; Lorenzo Castillo Maldonado; Alfonso Arzate García, “Aquiles”; René Arzate García, “La Rana”; Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”; Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”; Ilia Elizabeth Félix Rivera; Marco Antonio Moreno Gómez Santelices; Carlos Villela Gómez Santelices; Jerónimo Javier Vera Ayala; Jorge Mario Vera Ayala; Carlos Alberto Torres Torres; Luis Alfonso Torres Torres; Pedro Ariel Mendivil García; Rafael Buenrostro Martín; Diosvany Samuel Chapotín Villalba, y José Ángel Rivera Zazueta.
Washington sostiene que la organización controla rutas fundamentales para introducir drogas a Estados Unidos a través de Tijuana y Mexicali. A los hermanos Aquiles y La Rana los ubica como responsables históricos de la plaza de Tijuana y afirma que han conservado su dominio mediante violencia, alianzas y corrupción política y policial.
Algunos de sus colaboradores están acusados de encargarse de la producción y traslado de narcóticos, incluido fentanilo, hacia Estados Unidos.
Las 25 empresas mexicanas incluidas en la acción vinculada al Cártel de Sinaloa abarcan casas de cambio, gasolineras, inmobiliarias, restaurantes, bares, compañías de seguridad, espectáculos y publicidad.
El Tesoro sostiene, entre otros casos, que una Casa de Cambio, en Tijuana, habría servido para recibir efectivo procedente del narcotráfico en Estados Unidos y retornarlo a México mediante operaciones destinadas a ocultar el origen del dinero.
UIF BLOQUEA CUENTAS EN MÉXICO
La ofensiva financiera tuvo una respuesta inmediata en México. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda incorporó a los 46 individuos y empresas señalados por OFAC a la lista de Personas Bloqueadas, después de analizar información financiera disponible en México. La medida impide que utilicen normalmente el sistema bancario nacional y busca evitar movimientos de recursos presuntamente relacionados con operaciones ilícitas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que ningún dirigente de los cárteles, funcionario mexicano corrupto o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades estadounidenses.
La acción fue realizada con participación o información de la DEA, FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza, IRS, Departamento de Estado y estructuras estadounidenses dedicadas al combate de los cárteles.
Las sanciones fueron impuestas bajo disposiciones estadounidenses destinadas tanto a combatir el tráfico internacional de drogas como a perseguir financieramente a organizaciones consideradas terroristas y a quienes les proporcionan apoyo.
El expediente abre ahora una vertiente especialmente grave: Washington ya no describe únicamente una estructura de narcotráfico asentada en Baja California, sino una presunta red de corrupción política, policial, empresarial y financiera que habría permitido al Cártel de Sinaloa operar a unos cuantos kilómetros de la frontera estadounidense.
