En un movimiento que confirma el endurecimiento del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, la Asamblea Nacional, controlada por Ortega, aprobó una reforma constitucional que transforma profundamente la estructura del poder nicaragüense.
Estos cambios, que afectan a más de 100 artículos de la Constitución, consolidan un modelo político basado en el autoritarismo y el personalismo, elementos que han marcado el ejercicio de poder del binomio Ortega-Murillo desde su retorno al gobierno en 2007.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la oficialización de la «copresidencia», establecida en el artículo 133 reformado.
Este mecanismo no solo formaliza el poder compartido entre Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino que asegura la continuidad dinástica del régimen, al estipular que, en caso de fallecimiento de uno de los copresidentes, el sobreviviente asumirá la presidencia de manera automática.
Esta disposición elimina cualquier posibilidad de sucesión democrática y convierte el liderazgo político del país en un asunto familiar.
La concentración del poder en un matrimonio recuerda los tiempos oscuros de las dictaduras familiares en América Latina, como la de los Somoza en la propia Nicaragua.
Ortega, que llegó al poder como símbolo de la resistencia contra el somocismo, ahora reproduce ese modelo, traicionando los ideales que alguna vez defendió el FSLN revolucionario.
La reforma también extiende el período presidencial de cinco a seis años, asegurando que Ortega y Murillo permanezcan en el poder hasta 2027.
Este ajuste, aparentemente técnico, tiene un claro objetivo político: ganar tiempo para afianzar aún más su control sobre las instituciones del Estado y aplastar cualquier intento de organización opositora, ya debilitada por años de represión y exilio forzado.
Desde 2007, Ortega ha modificado la Constitución para permitir su reelección indefinida, consolidando un modelo que desdibuja la alternancia en el poder, una piedra angular de las democracias modernas. Esta extensión del mandato no es más que otra pieza en el engranaje del autoritarismo.
Quizá el cambio más alarmante sea la eliminación de la separación de poderes.
La reforma al artículo 132 establece que la presidencia de la República coordinará todos los órganos del Estado, incluyendo el legislativo, judicial, electoral y municipal.
Este cambio borra de facto la independencia de las instituciones, convirtiendo al Ejecutivo en el único centro de poder.
En términos prácticos, este artículo institucionaliza lo que ya era una realidad: un sistema político donde Ortega y Murillo no solo gobiernan, sino que controlan cada aspecto de la vida pública, desde la administración de justicia hasta los procesos electorales.
Este nivel de centralización es incompatible con cualquier definición de democracia, incluso en su forma más básica.
El artículo 97 crea un cuerpo auxiliar de ciudadanos que prestarán servicio voluntario como apoyo a la Policía Nacional.
Este cambio despierta serias preocupaciones sobre la militarización de la sociedad y el uso de civiles como agentes represivos al servicio del régimen.
En un país donde la policía ha sido acusada de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2018, esta disposición refuerza la capacidad del gobierno para silenciar cualquier disidencia mediante la intimidación y la violencia.
Finalmente, la inclusión de la bandera rojinegra del FSLN como símbolo patrio es una muestra del culto a la personalidad que ha caracterizado el régimen Ortega-Murillo.
Este cambio no solo borra la distinción entre partido y Estado, sino que busca reescribir la identidad nacional en términos partidistas, relegando a la oposición y a cualquier otra corriente ideológica al terreno de la ilegalidad moral.
El FSLN, que alguna vez representó la esperanza de cambio para millones de nicaragüenses, se ha convertido en una herramienta al servicio de un liderazgo que desprecia la democracia y la justicia social.
Los ideales revolucionarios que impulsaron la lucha contra Somoza han sido sacrificados en el altar de la ambición personal de Ortega y Murillo.
Es irónico que quienes criticaron el nepotismo y el autoritarismo del somocismo ahora perpetúen un sistema que concentra el poder en una sola familia.
Las reformas constitucionales no solo perpetúan este modelo, sino que consolidan a Nicaragua como un régimen autoritario disfrazado de legalidad.
Estas reformas se producen en un contexto de crisis económica, aislamiento internacional y represión interna.
Mientras el régimen se enfoca en consolidar su poder, el pueblo nicaragüense enfrenta pobreza, migración masiva y una creciente falta de esperanza en el futuro.
La comunidad internacional debe prestar atención al desarrollo de los acontecimientos.
Las lecciones de otros regímenes autoritarios en América Latina muestran que la consolidación del poder solo puede mantenerse a costa de la libertad y el bienestar del pueblo.
Las reformas constitucionales de Ortega y Murillo representan un punto de inflexión en la deriva autoritaria de Nicaragua.
Al destruir la división de poderes, perpetuar su mandato y transformar la identidad nacional en torno al FSLN, el régimen demuestra que su objetivo no es el bienestar del pueblo nicaragüense, sino la preservación de un sistema que les permita gobernar indefinidamente.
El desafío para la oposición, dentro y fuera del país, es monumental. Pero la historia demuestra que ningún régimen autoritario es eterno.
Ortega y Murillo pueden haber escrito una nueva Constitución a su medida, pero no pueden borrar el deseo de libertad y justicia que sigue vivo en el corazón del pueblo nicaragüense. El tiempo, como siempre, será el juez definitivo. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
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